La atención a la dependencia en Canarias no solo es deficiente, sino que roza lo inhumano. Las cifras son un escándalo: más de 647 días de espera para obtener una resolución, el doble de la media nacional, mientras la media de atención del Estado Español cubre al 14,4 % de los potenciales beneficiarios y Canarias apenas alcanza un vergonzoso 11,35 %.
Aquí, las ayudas no son un derecho, sino un juego macabro de paciencia donde cada retraso se mide en vidas perdidas.
Es indignante y profundamente inmoral que en Canarias persistan unos tiempos de espera promedio para las ayudas a la dependencia que superan el año, incumpliendo flagrantemente los plazos legales de seis meses establecidos por la Ley de Dependencia.
Este no es un problema nuevo ni coyuntural; es un reflejo de una desidia estructural por parte de las instituciones responsables que han permitido que las personas más vulnerables sufran en silencio mientras esperan una respuesta que, muchas veces, nunca llega.
El dato de que en 2020 más de 6.000 personas murieron en Canarias sin recibir la ayuda que les correspondía debería ser suficiente para una autocrítica radical y una reestructuración del sistema. Sin embargo, en 2024, la situación sigue siendo desoladora, con decenas de miles de dependientes atrapados en una burocracia cruel e ineficiente. ¿Cómo puede justificarse esta negligencia cuando hablamos de derechos fundamentales y del respeto a la dignidad humana?
Este drama no es solo un fallo administrativo, es una tragedia humanitaria que debería avergonzar a quienes ostentan el poder en el Archipiélago. Canarias ostenta una de las peores tasas de cobertura en dependencia del Estado Español y por ende de la Unión Europea, situándose a la cola en atención domiciliaria, teleasistencia y plazas residenciales.
Cada fallecimiento sin respuesta es un recordatorio de la inacción de un sistema que parece priorizar el ahorro económico sobre la vida humana. La «urgencia» de mejorar los recursos y la gestión se ha convertido en un mantra vacío, repetido año tras año sin resultados tangibles.
¿Hasta cuándo toleraremos en Canarias que las personas dependientes y sus familias sigan siendo víctimas de esta indiferencia institucional?
No es tiempo de promesas, sino de exigir responsabilidades y resultados concretos, porque cada día de retraso es una sentencia para aquellos que más nos necesitan.
Un modelo diseñado para fallar
¿Cómo llegamos aquí? Fácil: la inacción política y una estructura que parece diseñada para el colapso. La ratio de trabajadores sociales por habitante es insultante. El personal dedicado exclusivamente a la dependencia en Canarias solo hay 64 valoradores repartidos por todo el archipiélago.
¿La solución del Gobierno? Contratos temporales y migajas presupuestarias que no logran sacar al sistema de su eterna crisis.
A esta penuria se suma la privatización encubierta del sistema, donde las empresas gestoras acumulan beneficios mientras la calidad del servicio decae. Los cierres de centros de mayores y la parsimonia burocrática para reabrirlos son prueba de un modelo que prioriza el negocio sobre las personas. Esto no es política social, es abandono sistemático.
Los responsables de este desastre
Es fácil culpar al sistema, pero detrás de cada decisión hay nombres y apellidos. Políticos que, en lugar de reforzar los servicios públicos, destinan los fondos a “planes de choque” ineficaces y contratos fugaces. Administradores que utilizan las listas de espera como excusa perpetua mientras se escudan en limitaciones presupuestarias.
¿Dónde está el plan real para acabar con esta crisis? ¿Dónde está el compromiso con nuestros mayores y dependientes?
El precio de la inacción
Cada día que pasa, una media de 125 personas fallece en el Estado Español esperando una prestación que nunca llegará. En Canarias, el dato es aún más desgarrador: vidas truncadas por un sistema que convierte los derechos en papel mojado y a los dependientes en esa estadísticas olvidadas.
¿Qué hace falta para recuperar la dignidad canaria con nuestros mayores?
Políticos con conciencia de servicio público, no administradores de la desesperanza. Una sociedad canaria que exija de verdad un cambio radical que priorice a los mayores sobre los beneficios empresariales. Y, sobre todo, un grito colectivo de canariedad que exija dignidad para quienes más lo necesitan. Nuestros mayores, porque algún día seremos también mayores y dependientes.
Este no es solo un problema técnico, es un problema ético. Y mientras no se tomen medidas reales, cada día que pasa es una nueva derrota para nuestra humanidad y dignidad. Canarias no se merece este trato, pero parece que nuestra gente lo acepta con la cabeza gacha olvidando su propia dignidad. Despierta Canarias, despierta.
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