Canarias cuenta con 183.794 desempleados registrados, de los cuales solo 89.757, menos de la mitad, perciben algún tipo de prestación o subsidio por desempleo.Este panorama ya de por sí desolador se agrava cuando se analiza a fondo el perfil de los beneficiarios: un 40% de ellos, es decir, 35.681 personas, tienen más de 55 años y están atrapados en una situación que difícilmente cambiará.
Es una ironía amarga que, en una Canarias con cifras récord de afiliación a la Seguridad Social y empleo, el 40% de los canarios que cobran prestaciones por desempleo jamás volverá a trabajar.
Sí, Chacho que lo dijo el SEPE, (la voz oficial del Ministerio de Trabajo del Estado Español), sin rubor y con aparente resignación. Nos confirman que los mayores de 55 años que dependen del subsidio son prejubilados forzosos, condenados a un limbo de pobreza. Son invisibles para un mercado laboral que presume de “dinamismo”, pero que rechaza incluso mirar a este colectivo.
Un modelo diseñado para la exclusión
El problema no es solo local, sino sistémico. El Estado español ha renunciado a proteger el mercado laboral canario, ignorando las peculiaridades y vulnerabilidades de una economía insular que necesita medidas específicas. En cambio, aplica sin reparo las mismas normas diseñadas para realidades continentales, dejando a Canarias expuesta a la competencia desleal de trabajadores foráneos que se establecen en el archipiélago, amparados en la sacrosanta libre circulación de personas que impone la Unión Europea.
Este modelo, lejos de beneficiar a los canarios, los condena a ser mendigos en su propia tierra. Mientras las políticas laborales y sociales se diseñan para maximizar los beneficios de un mercado homogéneo, se ignoran las desigualdades estructurales que perpetúan la pobreza en las regiones ultraperiféricas como Canarias.
Los números no mienten (pero sí incomodan)
De los 89.757 canarios que perciben prestaciones por desempleo, 35.681 tienen más de 55 años. Representan un glorioso 39,7% del total y, sorpresa, son más que el año pasado, en un contexto donde el número general de beneficiarios ha disminuido. Mientras los políticos celebran los “progresos” en empleo, los desempleados puretas aumentan un 28,1% en siete años.
¿Milagro económico? No para ellos.
Sobrevivir con 480 euros: la nueva hazaña canaria
La mayoría de estos mayores de 55 años no cobra el “paro” como tal, sino el subsidio: 480 euros mensuales que deberían alcanzar para pagar un alquiler, la comida, la electricidad y, por qué no, algún capricho. Porque ¿quién necesita dignidad cuando tienes 480 euros? Si tienes suerte, estirarás esta limosna hasta los 67 años, cuando el sistema te hará un generosa adaptación a una pensión de miseria.
La doble moral de las empresas
Aquí entran en escena las empresas, grandes baluartes del “progreso económico”. Mientras se embolsan bonificaciones por contratar jóvenes, inmigrantes o cualquier colectivo que esté de moda políticamente, ignoran descaradamente a los mayores de 45 años. ¿Por qué apostar por un trabajador experimentado cuando puedes contratar barato y recibir una subvención por ello? Es la lógica del capital disfrazado de responsabilidad social.
¿Políticas públicas de progreso y oportunidades? ¿Dónde, para quiénes?
El Gobierno, mientras tanto, se dedica a redactar informes que constatan la desgracia sin mover un dedo para solucionarla. Los programas de inserción laboral brillan por su ausencia, las políticas para fomentar la contratación de mayores de 45 años son un chiste, y cualquier intento de reentrenamiento profesional muere en la burocracia.
Los verdaderos responsables de esta tragedia
No nos engañemos: la inacción tiene nombres y apellidos. Los políticos que priorizan los grandes titulares sobre el empleo juvenil mientras dejan a los mayores de 45 en la cuneta. Las empresas que presumen de “diversidad” pero descartan automáticamente a cualquiera con arrugas en el currículum. Y una sociedad que acepta sin cuestionar que miles de canarios se conviertan en parias económicos.
¿Qué futuro les espera a los nuestros?
Mientras sigamos tolerando esta exclusión masiva, el número de parados puretas seguirá creciendo, y con él, la pobreza estructural. Estos no son prejubilados; son víctimas de un sistema que los desechó antes de tiempo. Es la consecuencia de un modelo político y económico que empobrece a Canarias y que, en lugar de proteger a su gente, facilita que los isleños queden relegados a ser mano de obra barata o subsidiados de por vida.
Al final, el “progreso” del que tanto hablan no es más que un espejismo, porque un territorio que abandona a sus mayores al olvido y a los jóvenes a la precariedad no avanza: simplemente disimula su decadencia.