Es fascinante la capacidad que tienen nuestras instituciones para vendernos humo con perfume de progreso. La última gran idea es convertir municipios turísticos en espacios “de privilegio”, disfrazados de sostenibilidad, bajo una ley aprobada con bombos y platillos en el Parlamento canario. Una propuesta que, si bien suena a sinfonía de desarrollo equilibrado, esconde entre líneas un guion de desigualdad, exclusión y beneficios para unos pocos, mientras el resto seguimos pagando la factura.
El concepto de «municipio turístico» no es nuevo, pero su implementación roza lo distópico. Bajo la excusa de preservar el medio ambiente, diversificar la economía y fomentar un turismo más «responsable», lo que realmente están haciendo es pavimentar una alfombra roja para el visitante extranjero, mientras convierten los municipios en auténticas burbujas de privilegios.
Sí, los de aquí quedaremos como extras en un decorado paradisíaco para los guiris, a quienes se les ofrecerá un «todo incluido» sostenible, pero no para la población residente.
¿Turismo sostenible? Más bien, sostenibilidad para los de fuera.
El principal argumento de esta ley es el “crecimiento controlado” del turismo. Traduzcamos: más turistas, más presión sobre nuestras infraestructuras, más consumo de agua y energía (ya de por sí limitadas), y más beneficios para quienes monopolizan el sector. Porque, seamos claros, cuando hablan de sostenibilidad no se refieren a nosotros, los canarios, sino al bolsillo de las grandes cadenas hoteleras y tour operadores.
Se promete mejorar servicios públicos, infraestructuras y calidad de vida en los municipios turísticos. Pero, ¿para quién? La realidad es que lo poco que llegue será para zonas específicas, aquellas que interesan al modelo de negocio turístico, mientras las barriadas populares seguirán siendo relegadas al olvido.
¿Querías una guardería pública, un centro de salud digno o transporte eficiente? Mala suerte, todo ese presupuesto ya está reservado para nuevos carriles bici y puntos de carga para los coches eléctricos de alquiler.
La paradoja de la exclusión
Mientras los turistas gozarán de espacios mejorados, los residentes soportarán un encarecimiento generalizado del coste de vida. La vivienda será inalcanzable, ya que estas zonas serán colonizadas por complejos vacacionales y alquileres turísticos. Los servicios básicos estarán saturados, porque ya sabemos quién tiene prioridad. Nos quedaremos con las migajas de lo que antes eran nuestros municipios.
En definitiva, lo que se está construyendo aquí es una cadena de «municipios apartheid». No te confundas, la segregación no es racial, sino económica y social. Espacios premium para turistas y zonas marginales para quienes realmente vivimos aquí. Un modelo donde los «otros» disfrutan de privilegios y nosotros seguimos siendo mano de obra barata al servicio de esa máquina insaciable que llaman turismo sostenible.
El verdadero objetivo: más crecimiento a cualquier coste.
Lo que no se cuenta, pero se intuye, es que esta ley no busca proteger nada ni a nadie, salvo los intereses económicos que dictan las prioridades de Canarias. Pretenden seguir aumentando el número de visitantes, como si el territorio no tuviera límites, como si los recursos fueran infinitos y como si no viviéramos ya en un sistema colapsado.
La sostenibilidad, al parecer, no aplica para los canarios, que seguimos soportando una masificación que nos empuja fuera de nuestros propios espacios.
Un futuro hipotecado
Esta estrategia no es más que un espejismo vendido como progreso, mientras los problemas reales de Canarias –como la dependencia económica, la precariedad laboral y la crisis habitacional– quedan relegados a la sombra. Cada turista adicional es un poco más de presión para un archipiélago que ya no puede más. Y, aun así, seguimos cavando nuestra propia tumba en nombre de un supuesto desarrollo que beneficia a todos, pero solo en el discurso.
Al final, la pregunta es clara:
¿Queremos ser ciudadanos de Canarias o simples figurantes en el parque temático que están construyendo para otros?
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